La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) fue la primera que defendió los derechos de los discapacitados. Pasados 36 años todavía quedan muchos aspectos por mejorar, sobretodo su inserción laboral, ya que este colectivo tiene una tasa de paro del 31 por ciento, 9 puntos por encima del de la población general.
La ley obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a reservar el 2% del empleo a este colectivo, pero esto sobre el terreno no se cumple. A veces por desconocimiento, y otras por la imposibilidad de poder adaptar el puesto de trabajo a la discapacidad. Una alternativa son los Centros Especiales de Empleo que preparan al trabajador con el objetivo de poder integrarse a la empresa convencional.
