El Ministerio de Derechos sociales puede anunciar a principios de febrero un gran pacto social para cambiar las Residencias. Tiene abiertas tres mesas: la interterritorial, con los consejeros de las comunidades autónomas; la de empresas y los sindicatos. Y la tercera, con organizaciones sociales. Pretenden llegar a un acuerdo de mínimos para acreditar a las nuevas residencias. Habrá una evaluación de calidad de todos los centros, en un catálogo que será público, y usuarios y familias podrán consultarlo. Entre las medidas concretas, se prohibirá la sujeción de las personas mayores.
Habrá más dinero. Se extraerá de los 3.500 millones de los Fondos Europeos, destinados “a la economía de los cuidados”. Tanto administraciones como empresas están de acuerdo en priorizar en un futuro la atención domiciliaria, dado que ocho de cada diez mayores prefieren seguir siendo atendidos en sus casas.
El pacto nace después de una gran crisis. El reportaje cuenta con testimonios de cómo se vivieron las d
