Nerva, en Huelva, lleva 25 años soportando la imposición de un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos a 700 metros de la población. Es uno de los puntos negros de España y Europa. Hace unas semanas volvió al foco de la actualidad: la llegada de residuos tóxicos y peligrosos desde Montenegro colmó la paciencia de vecinos y ecologistas, que lo denunciaron, y el Gobierno paralizó ese traslado.
Hace un cuarto de siglo la Junta de Andalucía vio la necesidad de que hubiera un vertedero para engullir los residuos de las industrias químicas del triángulo Sevilla, Huelva y Cádiz. Entonces, las minas de Riotinto cerraban por el desplome del precio del cobre y se vendió el vertedero como una oportunidad económica para la zona. Se prometieron puestos de trabajo, diversificación empresarial y una mejor financiación para Nerva que, -según su alcalde, José Antonio Ayala-, nunca se han cumplido. Ayala sostiene que la empresa lleva dos años sin pagar la compensación económica a Nerva por el posicio
