Diez años después de su puesta en marcha, el conocido como banco malo ha recuperado 18 mil millones de los 50 mil que el estado aportó para salvar a la banca de la crisis del ladrillo.
Desde abril de 2022 el estado es accionista mayoritario y se han paralizado desahucios para priorizar el bienestar de las familias vulnerables por encima del interés en la venta de activos.
Colectivos civiles y partidos políticos reclaman que la Sareb se convierta en un parque de vivienda público y social que sirva para atender a los colectivos más necesitados.
