Las Administraciones –Estado, comunidades autónomas o ayuntamientos- expropian propiedades privadas para construir infraestructuras. La expropiación tiene que responder al interés público o al bien común pero ocurre a menudo que los afectados ponen en duda la necesidad social de la infraestructura. En Valencia, por ejemplo, los agricultores sostienen que, en un momento de emergencia climática, es más importante mantener la huerta que ampliar una autovía. El reportaje recorre cincuenta años de expropiaciones en Valencia.
El procedimiento de urgencia, que la ley contempla como excepción, es el más utilizado por la Administración porque es el que le resulta más favorable: puede ocupar rápidamente el bien expropiado, pagando lo que considere. Los afectados se ven obligados a acudir a los tribunales si no están de acuerdo con la valoración. Si, además, los afectados tienen derecho a realojo y la Administración no cumple los plazos se dan casos en que el expropiado pasa de propietario de una
