Desde que se dio a conocer la lista de bienes que la iglesia católica había inmatriculado, cerca de 35.000, como un goteo van apareciendo casos de vecinos y ayuntamientos que están en contra de las inscripciones en el registro que han hecho alguna de las diócesis. La polémica recorre toda nuestra geografía, desde Galicia a Andalucía y esos bienes que reclaman los vecinos van desde santuarios y ermitas a plazas públicas, olivares o locales.
La mayoría de los bienes que ha inscrito la iglesia, un 90%, han sido mediante certificación eclesiástica.
