Hace unos meses, el 9 de mayo de 2013, el gobierno aprobó la reforma de la Ley de Costas. Un cambio legislativo que ha puesto en alerta a las principales organizaciones ecologistas porque temen una mayor privatización del litoral. El gobierno asegura que la reforma era necesaria porque la antigua ley de costas no había conseguido cumplir con sus objetivos. Y en el centro de este tira y afloja se encuentran las más de 250.000 familias, propietarias de una vivienda legal, que han perdido la titularidad de sus casas.
