Que la Generalitat de Cataluña vuelva a la senda de la legalidad para recuperar el diálogo, es la postura compartida por casi todos los grupos parlamentarios extremeños, después de que Carles Puigdemont anunciara ayer tarde la declaración de independencia de la comunidad y pidiera su suspensión a renglón seguido, y, sobre todo, tras el requerimiento del presidente Rajoy para que aclare esa situación, como paso previo a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución. De hecho, el PP extremeño recuerda que ese requerimiento está recogido en el artículo, por lo que lo considera aplicado.
La Junta asegura que el Gobierno central terminará invirtiendo los 65 millones previstos en el proyecto de regadíos de Tierra de Barros. Es la tercera parte de la inversión total, que compartiría con Junta y Comunidad de Regantes. Una aportación que la consejera extremeña de Políticas Agrarias considera "de justicia".
En dos millones de euros cifra UPA-UCE las posibles pérdidas en las actuale
