A partir de ahora las rentas no declaradas no prescribirán, como hasta ahora, que sí lo hacían a los cinco años. Por otro lado, quien denuncie a Hacienda que ha pagado o recibido más de 2.500 euros en efectivo no será sancionado si lo hace en los tres meses siguientes. De no hacerlo la multa será del 25% del valor de la operación tanto para el que paga el servicio como para el que recibe el dinero. El límite para los no residentes se eleva hasta los 15.000 euros. La Agencia podrá pedir justificantes de pago que habrá que conservar durante cinco años. El objetivo, asegura el Gobierno, es sacar a la luz la economía sumergida.Analizamos este plan Antifraude, que limita el uso de fectivo y obliga a informar de las cuentas en el extranjero, con Ramsés Pérez, de la organización profesional de Inspectores de Hacienda.
