El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el decreto andaluz antidesahucios. La medida fue recurrida por el gobierno y ahora el Constitucional admite el recurso. Eso se traduce en que la Junta de Andalucía tiene que paralizar temporalmente la medida, que autoriza la expropiación de viviendas a los bancos cuando hay riesgo de exclusión social. Según el alto tribunal el decreto afecta al contenido esencial del derecho a la vivienda. La suspensión se alargará por cinco meses, hasta que el Constitucional tome una decisión en firme.
