En Valencia ha comenzado el jucio por el llamado caso Cooperación, que sienta en el banquillo a Rafael Blasco, exconseller de Ciudadanía, por un supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat. Rafael Blasco deberá responder por la subvención que en 2008 aprobó la Consejería que él dirigía a la Fundación Cíes, una subvención de 1,8 millones de euros para realizar dos proyectos en Nicaragua. Al país centroamericano, sólo llegaron 43.000 euros. Rafael Blasco se enfrenta ahora a una pena de cárcel de 14 años, petición que hace la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Junto a él hay otros ocho imputados: cinco ex colaboradores de la Consejería de Justicia y tres trabajadores de las empresas que gestionaron esas ayudas. A su llegada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dicho que tenía la conciencia tranquila y ha insistido en que nunca se ha lucrado gracias a un cargo público.
