Esta tarde el delegado del gobierno está declarando como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir los actos del 8M. José Manuel Franco ha entrado en los juzgados de Plaza Castilla a pie y por la puerta principal. La investigación arrancó el 23 de marzo, tras la denuncia presentada por un particular en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Su titular quiere saber por qué el delegado, José Manuel Franco, autorizó las manifestaciones pese a las advertencias del riesgo de contagio.
