Entra en vigor Madrid Central, un área de casi quinientas hectáreas de acceso restringido donde sólo podrán entrar los residentes, vehículos cero emisiones, transporte público y determinados vehículos en horario determinado. Transportistas, comerciantes y asociaciones de conductores o autónomos critican una medida que, dicen, perjudicará al tejido económico y laboral de la ciudad. Las sanciones comenzarán a partir de marzo. Se refuerza la campaña informativa a pie de calle. El ayuntamiento defiende reducir la contaminación y cumplir con la normativa europea.