En España ofrecer sexo por dinero no es ilegal. Sí es delito sacar provecho de la prostitución ajena mediante coacción o engaño. Nuestro país, donde la prostitución mueve unos cinco millones de euros al día, según la propia Fiscalía del Estado, donde uno de cuatro hombres reconoce pagar o haber pagado por tener sexo y donde la policía tiene registrados alrededor de 1.600 prostíbulos, es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo. En un momento en el que la actividad es cada vez más opaca porque la pandemia y las redes sociales la han desplazado a pisos particulares, el debate sobre si es necesario legislar la actividad, perseguir a los dueños de los burdeles o a los puteros ha vuelto a la calle. ¿Abolir o regular? ¿Cómo garantizar los derechos de las mujeres?