Se quejan de las sanciones que están imponiendo a los miembros de la plataforma y de que no se está cumpliendo la Ley de Vivienda aprobada por el gobierno regional. Son los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Por eso han optado, dicen, por realojar a familias en riesgo de exclusión social en viviendas vacias propiedad de entidades bancarias.
