Unos 800 inmigrantes con residencia en las islas se han acogido desde 2009 al plan de retorno voluntario que oferta el Gobierno. Una alternativa a la crisis que han solicitado, sobre todo, ciudadanos procedentes de Latinoamérica. Quienes opten a estas ayudas, deben renunciar a sus permisos de residencia o de trabajo y no podrán regresar a España en un plazo de tres años.
