En la primavera del 2010, cuando el Estado griego soportaba un exceso de deuda, los demás Estados de la Unión Europea decidieron evitar que entrara en quiebra. Los ministros de finanzas de la Unión mantuvieron la solvencia de Grecia por medio de la concesión de miles de millones en créditos y préstamos de emergencia. A cambio, los griegos debían acatar las decisiones de una institución que no estaba prevista en ningún tratado o Constitución europea: la Troika.