La comodidad de la contratación por medio de las nuevas tecnologías lleva aparejado el riesgo de la asimetría existente entre las partes, proveedor y consumidor, tanto en la capacidad de negociación como en la información que se facilita al consumidor. Esta situación de desequilibrio entre las partes, y la necesidad de regular el mercado electrónico, suscita en nuestro legislador un afán regulatorio, con mayor o menor éxito, pero dirigido a levantar los cimientos de un marco normativo suficientemente garantista para la parte más desfavorecida en la relación jurídica como es el consumidor.
