En febrero de 2021 la sociedad panameña se estremeció al hacerse públicos los rumores de que gran parte de los albergues tutelados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) se habían convertido en centros de maltrato y abuso contra menores de edad. Las protestas estuvieron encabezadas mayormente por agrupaciones juveniles y fueron de las más grandes desde el inicio de la pandemia.
Tras un año, distintos sectores se han mantenido reclamando justicia por estos menores abusados, mientras denuncian el manejo turbio que han tenido las investigaciones cuando pasaron de la Asamblea Nacional a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
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