Jueces y abogados que combaten el crimen en Guatemala han experimentado una persecución sistemática que los ha obligado, incluso a buscar el exilio para garantizar su seguridad. Desde que Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, asumió el cargo se ha dado a la tarea de entorpecer investigaciones y de conducir, incluso a sus propios fiscales a los tribunales porque pertenecieron o fueron colaboradores de la extinta.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instancia que inició persecuciones penales hasta en contra del expresidente Jimmy Morales y al menos otros dos gobernantes, así como funcionarios y empresarios corruptos y de cuello blanco que han intervenido en contratos y negociaciones que les garantizan impunidad, sobre todo en las instancias judiciales y aparatos de justicia que les garantiza impunidad.
Hasta hoy, hay al menos 13 operadores de justicia en el exilio, producto de un reacomodo de las mafias en Guatemala.
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