El gobierno francés impuso por decreto su reforma de pensiones y evitó así un posible fracaso en la votación parlamentaria. El proyecto de ley eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, lo que, según el Ejecutivo, es esencial para que el sistema de pensiones sea sostenible. La propuesta provocó una oposición generalizada, que se ha traducido en meses de protestas y huelgas en toda Francia.
